Había mucha expectación por conocer las líneas maestras de José Luis Escrivá al frente del inédito Ministerio de Transformación Digital, al que se añadieron luego las competencias de Función Pública. Finalmente, ha sido este 29 de enero, dos meses después de la remodelación del Ejecutivo, el día en que hemos podido desentrañar la estrategia que seguirá esta cartera durante la legislatura. Con varios conceptos clave: continuidad en la mayoría de líneas de trabajo, un claro foco en la ejecución de fondos europeos y algunas enmiendas sutiles a la labor realizada en la anterior etapa, con Calviño y Artigas al frente.
Escrivá estrena su cargo organizando los objetivos y prioridades de su ministerio en tres grandes consensos que espera alcanzar durante los próximos años. El primero de ellos relacionado con el impulso de la inteligencia artificial y su uso ético, mientras que el segundo hace lo propio con el desarrollo de las capacidades tecnológicas del país. El tercero es el reservado para la transformación de la Administración Pública, aunque de este último aspecto aún no ha revelado demasiado detalle más allá de querer llevar la IA al trabajo diario de los funcionarios.
Tanto el paraguas de la inteligencia artificial como el del desarrollo de las capacidades tecnológicas patrias son, en realidad, amplios cajones de sastre donde se engloban gran parte de los proyectos ya en marcha del Ejecutivo y algunas pinceladas de nueva creación, como una nueva ley de ciberseguridad o un marco regulatorio para los centros de datos sostenibles.
El ministro ha recordado algunas de las métricas que invitan a colocar la inteligencia artificial más allá del mantra, como una realidad imperiosa de políticas públicas en nuestro país. Se refirió, por ejemplo, al impacto en el empleo de esta tecnología (en tanto que las profesiones científico-técnicas crecen al doble que el global de España) o sobre el PIB (con una estimación de que la IA pueda aportar hasta cinco décimas adicionales al crecimiento de este parámetro en cinco años).
¿Cómo impulsar, pues, la inteligencia artificial en la empresa y la sociedad española? José Luis Escrivá defiende apalancarnos “sobre las capacidades y fortalezas ya existentes”, como la gran capacidad de supercomputación en nuestro país (“Que debe evolucionar hacia una red de IA especializada por áreas de conocimiento y sectores productivos”) o el ingente corpus lingüístico en español (“Uniendo las fortalezas de la RAE, la Biblioteca Nacional o el Instituto Cervantes, junto al Proyecto de Industrias del Español de La Rioja o las iniciativas con lenguas cooficiales”).
Dos palabras clave destacan de su discurso y son una constante a lo largo de su visión para la legislatura que apenas está comenzando: aplicaciones industriales. Escrivá esgrime que se ha hecho demasiado foco en la parte de investigación en torno a la inteligencia artificial y que ya es momento de buscar sus aplicaciones comerciales y que sea un motor económico más para el país. En ese sentido se engloban los 500 millones de euros ya comprometidos en fomentar el talento especializado y que serán reorientados para favorecer esa visión más empresarial o la línea continuista que se va a mantener respecto a las Misiones de IA (50 millones de euros comprometidos) o el programa RETECH, que cogestiona con las Comunidades Autónomas.
Desde el Ministerio confirman este cambio de rumbo, y aluden a una búsqueda intensiva de sinergias entre el sinfín de proyectos existentes, favorecer el escalado de los más exitosos y rentabilizar sistemas y aplicaciones ya testadas.
A vueltas con la AESIA y el ‘sandbox’
Sin embargo, son dos las grandes iniciativas pendientes en materia de inteligencia artificial -la Agencia Española de Supervisión de la IA, ubicada en A Coruña, y el sandbox regulatorio-. Y en torno a ambas se cierne una cierta sensación de enmienda al propósito con que fueron creadas por el anterior Ejecutivo.
Respecto a la AESIA, Escrivá defiende que debe convertirse en “la inteligencia de la inteligencia artificial”, al menos mientras no haya ley alguna que supervisar. Esto es, en un centro de análisis y un think tank sobre las transformaciones e impactos de esta tecnología, con una importante labor pedagógica. Desde el Ministerio confirman a D+I – EL ESPAÑOL que, a pesar de que estaba obligada a operar desde el uno de diciembre, por ahora apenas hay un consejo rector ya constituido y una visión de la plantilla que se desea cubrir. También aluden a que, con la nueva visión que se tiene para este centro, seguramente habrá que volver a pasar por el Parlamento para hacer ajustes en su normativa.
Fuente: D+I