Una nueva regulación de la UE tiene como objetivo detener las exportaciones de desechos y mejorar la aplicación de la ley y la transparencia, pero persisten las contradicciones sobre las sustancias peligrosas. Informe de Stéphane Arditi y Roberta Arbinolo.
Los negociadores de la UE han llegado a un acuerdo político para actualizar la regulación del envío de residuos.
Durante décadas, el comercio de residuos ha permitido a los gobiernos de la UE asumir los verdaderos costos de la gestión de residuos , trasladando una importante carga sanitaria, ambiental y social a los países receptores. En 2020, las exportaciones de residuos de la UE a países no pertenecientes a la UE alcanzaron los 32,7 millones de toneladas, un aumento del 75% desde 2004. La mayor parte de estos residuos se envió a Turquía (13,7 millones de toneladas), seguida de la India (2,9 millones de toneladas). el Reino Unido (1,8 millones de toneladas), Suiza (1,6 millones de toneladas), Noruega (1,5 millones de toneladas), Indonesia y Pakistán (1,4 millones de toneladas cada uno).
Al mismo tiempo, las exportaciones de residuos peligrosos permanecen en su mayoría dentro de la UE: en 2018, 7 millones de toneladas de exportaciones de residuos peligrosos se produjeron entre estados miembros, lo que corresponde a aproximadamente el 91% de las exportaciones totales.
La Oficina Europea de Medio Ambiente, la alianza Rethink Plastic y el movimiento Break Free From Plastic habían instado repetidamente a la UE a asumir la responsabilidad de sus propios residuos.
El nuevo texto, que ahora debe ser adoptado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo, tiene como objetivo estabilizar el rumbo, reduciendo las exportaciones de residuos problemáticos más allá de la UE, actualizando los procedimientos de envío para reflejar los objetivos de una economía circular y mejorando la aplicación de la ley. .
Restricciones más estrictas
La ley revisada endurecerá la prohibición de las exportaciones de residuos. Los envíos de residuos para su eliminación estarán prohibidos incluso dentro de la UE, con excepciones muy estrictas. Por ejemplo, no se autorizarán las importaciones y exportaciones de residuos sólidos urbanos mixtos para su eliminación. Por otro lado, seguirán siendo posibles los envíos para reciclaje u otras formas de valorización de residuos.
Toda exportación de residuos a países no pertenecientes a la OCDE quedará prohibida por defecto, complementando la prohibición existente sobre residuos peligrosos. Esta prohibición sólo puede levantarse mediante una solicitud formal y un proceso de evaluación. En el caso de los residuos de plástico, la prohibición es aún más estricta, ya que su desviación se limitaría aún más.
Las exportaciones de residuos a países de la OCDE seguirán estando autorizadas previa notificación y consentimiento informado previo de los países de origen, tránsito y destino, para residuos peligrosos y problemáticos. Este régimen también se aplicará a todos los residuos plásticos, lo que permitirá un mayor control de estos envíos: un logro importante para la comunidad de ONG, que ha creado incesantemente conciencia sobre la naturaleza problemática de los residuos plásticos . En otoño de 2023, más de 180.000 personas firmaron una petición pidiendo a la UE que prohibiera las exportaciones de basura plástica.
Además, todos los envíos futuros de residuos estarán sujetos a condiciones estrictas, incluida una auditoría obligatoria de la instalación receptora, junto con su inclusión en un registro de acceso público. Este registro incluirá instalaciones equipadas con sistemas de gestión de residuos (GAR) ambientalmente racionales, capaces de tratar responsablemente diversos tipos de residuos, incluidos los residuos de los procesos de recuperación. Se trata de una mejora importante a la hora de abordar la supervisión de los residuos del tratamiento de recuperación, en la que grandes cantidades de residuos mixtos o plásticos difíciles de reciclar terminaban como residuos.
Más transparencia
El nuevo texto prevé la implementación de un sistema digital en toda la UE para registrar y monitorear el envío de residuos, en integración con los sistemas nacionales existentes, así como un requisito legal para revelar información pública sobre los envíos mensualmente, incluido el tipo de residuo exportado. su origen e instalaciones receptoras. Esto empoderará a las organizaciones de la sociedad civil para que ejerzan su función de vigilancia de manera más efectiva.
Además, la ley revisada facilitará su aplicación. Si bien la ley actual ya obligaba a los estados miembros de la UE a comunicar sus planes de inspección e informar sobre ellos, el nuevo texto introduce un grupo de expertos nacionales encargados de hacer cumplir la ley y otorga a la Comisión Europea más influencia. Si bien las actividades de aplicación de la ley seguirán siendo competencia última de las autoridades nacionales, estas formas de colaboración pueden ayudar a los países más frágiles o expuestos –como aquellos con grandes instalaciones portuarias o menos personal experto– a garantizar el cumplimiento.
Contradicciones tóxicas: PVC y PFA
Si bien acogen favorablemente las disposiciones para endurecer las restricciones y aumentar la transparencia, las ONG ecologistas consideran que las medidas sobre ciertos materiales y sustancias problemáticas son inadecuadas para contener el riesgo que suponen para la salud humana y el medio ambiente.
En particular, el envío de residuos de PVC y PTFE (teflón) seguirá estando autorizado sin notificación alguna dentro de la UE, ya que esos polímeros permanecerán en una lista verde específica de la UE, que se desvía significativamente de la lista verde internacional establecida en virtud del Convenio de Basilea sobre la Control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación.
Aunque uno de los objetivos de la revisión era facilitar el envío de residuos no problemáticos dentro de la UE, los activistas están profundamente preocupados por ver el PVC en una lista verde en un momento en que la Agencia de Sustancias Químicas de la UE (ECHA) lo ha reconocido como problemático y está considerando restringir su uso. Lo mismo se aplica al PTFE, un “químico permanente” (PFA, por sus siglas en inglés) altamente tóxico que no se descompone y permanece en el medio ambiente durante siglos, contaminando el agua potable y causando enfermedades graves. Un documento oficial reciente de la ECHA destaca la insuficiencia de las medidas regulatorias actuales para abordar de manera efectiva la alarmante cuestión de las ALP.
Sin embargo, las ONG ecologistas esperan que esta contradicción, que se sospecha que se debe al intenso lobby de la industria química y del PVC, no dure mucho tiempo, ya que la Comisión Europea tendrá la oportunidad de modificar esta lista verde de la UE después de 60 meses.
Fuente: meta.eeb.org