Por Ransom Edwards
La revisión de 2023 de la Directiva de Eficiencia Energética de la Unión Europea (UE 2023/1791) es considerada una de las modificaciones más significativas desde el punto de vista social en la legislación energética europea, ya que es la primera vez que la Directiva exige explícitamente a los Estados miembros abordar la pobreza energética y dar prioridad a los consumidores vulnerables en las políticas de eficiencia energética.
Pobreza energética
La pobreza energética se refiere a la incapacidad de un hogar para acceder a servicios energéticos esenciales que garanticen un nivel de vida y salud adecuados, como la calefacción y refrigeración suficientes, el agua caliente, la iluminación y la energía necesaria para hacer funcionar los electrodomésticos básicos. Surge de la combinación de bajos ingresos, altos precios de la energía y viviendas o electrodomésticos ineficientes.
Según Eurostat (2023), alrededor del 10,6% de los ciudadanos de la UE—casi 48 millones de personas—no pudieron mantener sus hogares adecuadamente calientes, una cifra que aumentó drásticamente tras la crisis energética de 2022. Las consecuencias incluyen una mayor exposición al frío o al calor, lo que incrementa las enfermedades respiratorias y cardiovasculares y profundiza la desigualdad social. Estudios del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV) muestran que este fenómeno afecta de forma desproporcionada a los hogares de bajos ingresos, personas mayores y residentes en zonas rurales, especialmente en viviendas mal aisladas.
Afrontar este problema requiere más que subsidios temporales: se necesitan soluciones estructurales como la rehabilitación energética, el acceso asequible a energía limpia y el apoyo dirigido a grupos vulnerables. Reconociendo esto, la Unión Europea ha incorporado la lucha contra la pobreza energética en su legislación climática y energética, especialmente en la revisión de 2023 de la Directiva, que vincula las mejoras de eficiencia con los objetivos de justicia social.
Priorización de los consumidores vulnerables
La Directiva revisada obliga a los Estados miembros a destinar una parte de sus medidas de ahorro energético y de sus fondos nacionales de eficiencia hacia los hogares afectados por la pobreza energética, los grupos de bajos ingresos y los residentes en viviendas sociales. En la práctica, esto significa que, al definir cómo cumplir sus obligaciones anuales de ahorro energético, los Estados deben diseñar medidas que den prioridad a los grupos vulnerables, por ejemplo, otorgando mayor ponderación o reservando fondos para renovaciones y mejoras que beneficien directamente a esos hogares. El texto legal establece explícitamente que las medidas de eficiencia “deben aplicarse con carácter prioritario para mejorar la situación de esas personas y hogares y aliviar la pobreza energética”.
En España, los planes nacionales de recuperación y rehabilitación canalizan fondos hacia edificios residenciales y viviendas sociales, vinculando la elegibilidad de las ayudas a mejoras energéticas y al impacto social. El “Programa de Rehabilitación Energética de Edificios” (PREE) y el “Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana” están diseñados para priorizar mejoras en el parque inmobiliario que reduzcan las facturas energéticas de los ocupantes.
Programas específicos
La revisión de la Directiva fomenta una combinación de medidas específicas, como rehabilitaciones totalmente o altamente subvencionadas, subvenciones que eliminen los costes iniciales, apoyo técnico y medidas integrales que combinen aislamiento, modernización de sistemas de calefacción y asesoramiento básico para garantizar intervenciones efectivas y duraderas. Los analistas destacan que los fondos públicos deben destinarse de manera precisa y complementarse con soluciones de financiación a largo plazo, dado que los hogares de menores ingresos no suelen poder asumir la inversión inicial.
El “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (PRTR) de España ha asignado fondos para financiar la rehabilitación residencial a gran escala, con programas que pueden cubrir una parte significativa—y incluso la totalidad—de los costes de rehabilitación para los hogares vulnerables. Administraciones regionales, como la Comunidad de Madrid, gestionan líneas de ayuda específicas para la rehabilitación energética de edificios, con disposiciones explícitas para hogares de bajos ingresos y acuerdos entre propietarios e inquilinos.
Seguimiento y presentación de informes
La Directiva revisada refuerza las obligaciones de seguimiento y presentación de informes, exigiendo que los Estados miembros controlen cómo las medidas reducen la pobreza energética y benefician a los consumidores vulnerables, no solo el ahorro energético agregado. Esto incluye informar sobre la distribución social de los ahorros, el número de hogares alcanzados y el destino de los fondos públicos. La Comisión Europea puede comparar las contribuciones nacionales y activar medidas correctoras si los planes nacionales no cumplen con los objetivos de la UE. Este sistema de seguimiento y verificación busca mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, de modo que las políticas puedan ajustarse para cerrar las brechas de cobertura.
Los Planes Nacionales de Energía y Clima y los informes del PRTR de España incluyen indicadores vinculados a objetivos sociales y de rehabilitación, creando una base sólida para evaluar cómo las inversiones reducen la pobreza energética. La documentación oficial del Gobierno de España para el PRTR y el PREE muestra la conexión entre las reformas financiadas y las mejoras medibles en el rendimiento energético de los edificios.
Empoderamiento del consumidor
La revisión de la Directiva vincula las medidas sociales con el empoderamiento del consumidor: fomenta una facturación más clara, el acceso a datos desglosados de consumo, servicios de asesoramiento y esquemas de energía comunitaria, para que los hogares puedan gestionar su consumo y participar activamente en los programas de eficiencia. También insta a simplificar el acceso a los servicios energéticos, mediante contratos estandarizados, financiación agregada y campañas informativas, para evitar que los clientes vulnerables queden excluidos de los nuevos mercados.
En España, la implementación incluye “ventanillas únicas” regionales y campañas informativas nacionales asociadas a programas de rehabilitación, que ayudan a los hogares a solicitar ayudas, evaluar medidas elegibles y acceder a financiación y asesoramiento técnico, aplicando directamente el enfoque de empoderamiento promovido por la Directiva. El proyecto “Facilita” es un ejemplo orientado a propietarios y autoridades de edificios públicos, pero refleja la misma idea de ventanilla única aplicable a los hogares.
Conclusión
La revisión de la Directiva de 2023 redefine la eficiencia energética como una herramienta de protección social además de acción climática. Al priorizar legalmente a los grupos vulnerables, exigir programas dirigidos, reforzar el seguimiento y promover el empoderamiento ciudadano, la Directiva busca orientar la financiación y el diseño de políticas hacia intervenciones que reduzcan las facturas, mejoren la calidad de las viviendas y mitiguen los impactos sobre la salud. La combinación española de programas de rehabilitación respaldados por la UE, ayudas regionales y ventanillas únicas ofrece ejemplos concretos de cómo los Estados miembros pueden traducir este mandato social en medidas efectivas sobre el terreno.