La diplomacia clásica encontró en los salones recién pintados de las cancillerías y en las mesas de negociación su espacio natural. Hoy esa escena se ha trasladado al ciberespacio, un ámbito en el que la soberanía de los Estados se mide por su capacidad para gestionar, proteger y compartir datos.
Bajo el paraguas de la diplomacia cibernética –o diplomacia de datos– los gobiernos y las instituciones internacionales debaten la regulación de flujos de información, la defensa frente a ciberataques y el establecimiento de protocolos comunes para el cifrado y la certificación de identidades. El impulso por colocar la información en el centro de la acción exterior revela un cambio profundo: los datos se han convertido en un recurso estratégico equivalente al petróleo o al acero.
Oportunidades y obstáculos para liderar el sector
En este contexto, España cuenta con ventajas singulares. Su red de centros de datos se alinea con cables submarinos que la vinculan directamente con América Latina, que le otorga una posición geoestratégica única. La implementación temprana del Reglamento General de Protección de Datos y el prestigio de la Agencia Española de Protección de Datos consolidan una reputación de rigor que resulta atractiva para socios europeos y latinoamericanos.
No obstante, la fragmentación competencial entre el Estado y las comunidades autónomas dificulta la convergencia en una sola voz. El artículo 149.1.29 de la Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública –que abarca la ciberseguridad–, mientras que las comunidades autónomas gestionan de forma independiente sus propios sistemas de respuesta, el SOC de la Comunidad de Madrid o el CERT de la Generalitat de Cataluña), lo que obliga a sincronizar procedimientos entre múltiples instituciones antes de hablar con la UE.
Para minimizar este problema, movimientos como el Foro Nacional de Ciberseguridad –impulsado en julio de 2020 por el Centro Criptológico Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional y que integra a ministerios, INCIBE, CCN-CERT, universidades y empresas– están comenzando a sentar las bases de una estrategia nacional coordinada.
Retraso en cumplir la normativa
Estas nuevas dinámicas buscan consolidar una coordinación indispensable. La Directiva (UE) 2022/2555, conocida como NIS 2, obliga a las entidades de 18 sectores críticos a implantar un sólido sistema de gestión de riesgos, notificar incidentes en un plazo de 24–72 horas, reforzar la cooperación transfronteriza y exigir la rendición de cuentas de sus máximos responsables. Esta norma ha intensificado la presión de Bruselas sobre España, que aún no ha completado su transposición y se expone a posibles sanciones por parte de la Comisión Europea.
La mayoría de los Estados miembros de la UE ya han incorporado la Directiva NIS2 a su ordenamiento, pero España sigue pendiente de culminar el proceso legal y no notificó a la Comisión Europea la aprobación definitiva de su Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad dentro del plazo previsto (principios de julio de 2025). Como resultado, sigue abierto el procedimiento de infracción y el país podría ser condenado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que supondría sanciones y, sobre todo, comprometería la eficiencia del escudo cibernético europeo, dificultando la plena integración de España en el sistema europeo de respuesta y alerta mientras empresas y administraciones continúan sujetas a las normativas previas de ciberseguridad, en un momento crítico de creciente sofisticación de los ciberataques.
El talento investigador español contribuye en el fortalecimiento de esta iniciativa. Equipos de la Universidad Politécnica de Madrid, de la UPV/EHU y de la Universidad de Málaga lideran proyectos en ciberseguridad y análisis masivo de datos. Sus publicaciones y colaboraciones con organismos internacionales demuestran que España participa activamente en el Internet Governance Forum de la ONU, en comités de la OCDE y en grupos de trabajo de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Cada una de estas plataformas sirve como escenario para exponer propuestas, intercambiar mejores prácticas y forjar alianzas que trascienden fronteras.
Alianzas necesarias para lograr un objetivo
La diplomacia de datos demanda vínculos con el sector privado y con la sociedad civil. Google, Microsoft, Amazon, Meta y Apple actúan como interlocutores influyentes, capaces de impulsar inversiones en infraestructuras estratégicas y de negociar criterios de cumplimiento normativo. En España, las conversaciones con proveedores de hardware, con empresas de servicios en la nube y con operadores de telecomunicaciones han permitido diseñar una hoja de ruta que no sacrifica la protección de datos personales a cambio de potenciar la innovación. Resulta necesario afianzar esas relaciones, fomentando alianzas público-privadas que permitan convertir las políticas de datos abiertos en un motor de desarrollo económico responsable.
Una oportunidad única que aprovechar
La propuesta de conectar Europa con América Latina y el Caribe mediante un corredor digital seguro capitaliza el valor geográfico y cultural de España. Madrid, Lisboa y Santos (Brasil) podrían constituir nodos fundamentales de intercambio de información respetando normativas homogéneas. Un proyecto de este tipo serviría para impulsar la investigación, facilitar la movilidad académica y fortalecer la cooperación en áreas como la salud pública, el cambio climático y la seguridad alimentaria. La diplomacia académica tendría un papel decisivo en este planteamiento, convocando foros internacionales en Barcelona y Madrid que reúnan a diplomáticos, técnicos y representantes del sector tecnológico.
El ámbito de la ciberseguridad cooperativa exige también una respuesta coordinada. Prevenir ataques a infraestructuras críticas, como redes eléctricas o sistemas hospitalarios, requiere mecanismos de alerta temprana y canales confidenciales de intercambio de información. España dispone de propuestas de colaboración con países vecinos para la creación de un centro europeo de excelencia en ciberinteligencia que agrupe a Portugal, Italia y Grecia en un esfuerzo conjunto. Esa iniciativa reflejaría una visión compartida y reforzaría la capacidad de respuesta frente a amenazas que traspasan cualquier frontera.
Grandes retos para España
La formación de profesionales en diplomacia digital constituye otro pilar esencial. Instituir cátedras especializadas en universidades nacionales y desarrollar programas de posgrado orientados a la gestión de datos en el ámbito internacional incrementaría la masa crítica de expertos. Eventos organizados en sedes universitarias y centros de congresos permitirían articular un diálogo permanente entre la academia, la Administración y la industria. Esta diplomacia académica alimentaría la práctica diplomática con análisis rigurosos y casos de estudio aplicables en cada negociación.
España ha avanzado en la regulación de la localización de datos y en la adopción de estándares internacionales de cifrado, pero mantiene dependencia de proveedores extraeuropeos de hardware. Cubrir esa debilidad exige impulsar la industria nacional de servidores y componentes de red, fomentando un ecosistema de startups capaz de competir con polos tecnológicos de Berlín, Londres o Estocolmo. El respaldo institucional a través de ayudas a la innovación y a fondos de capital riesgo especializados en ciberseguridad resultaría determinante para consolidar un tejido emprendedor robusto.
Horizontes de la diplomacia de datos española
La diplomacia de los datos no puede entenderse sin una participación activa de la ciudadanía. Generar conciencia sobre la importancia de la protección de datos, la soberanía digital y la ética en el uso de la información es condición previa para que los acuerdos internacionales cuenten con un respaldo social sólido. Iniciativas de formación en centros educativos y campañas de divulgación contribuirían a cerrar brechas de conocimiento y consolidar un entorno en el que las estrategias de ciberdiplomacia cuenten con legitimidad democrática.
Su construcción con sello español requiere combinar la fortaleza en protección de datos, la infraestructura de conectividad y el talento académico con una estrategia coordinada entre administraciones y con la sociedad civil. Transformar a España en referente de esta nueva frontera de la influencia global depende de alcanzar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de derechos, consolidar corredores digitales con América Latina y articular un ecosistema público-privado vibrante. De prosperar este planteamiento, España hablará con autoridad en el idioma universal de los datos.
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